Anticipándonos a los informes alusivos al Día de la Tierra, que se celebra cada 22 de abril desde 1970, presentamos este análisis cuyo leit motiv es la idea de que «hablar de cambio climático es hablar de desigualdad». El calentamiento global no afecta a todas las personas de la misma manera, ni todos los países son responsables en igual medida. Sobre estas bases se asienta la llamada justicia climática.
Por Dr. Mariano Riano
Secretario de Legal y Técnica de CEDyAT-UVT
Abogado Experto en Derecho Ambiental
El concepto de “justicia climática” surge en el momento en que se observa que el cambio climático tiene y tendrá una incidencia ambiental y social que no afectará a todo el mundo por igual. Ya no hay discusiones válidas: el cambio climático es una realidad que acontece. Y no una realidad del futuro, sino un problema actual y global donde el ser humano tiene mucho que decir, tal cual lo expresa el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Una de las razones por las que este documento ha hecho historia es porque confirma que la humanidad ha calentado la tierra, el océano y la atmósfera.
La República Argentina ha asumido compromisos ante la comunidad internacional que se han ratificado con la firma del Acuerdo de París mediante la Ley 27270. Dichos compromisos reflejan un hito que ha entrado en vigencia en noviembre de 2016 y que significan un aporte significativo en la agenda de cambio climático. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 de Acción por el Clima nos llama a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
En ese contexto, el Grupo de Expertos del Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) desarrolla Estudios de Impacto Ambiental para obras de infraestructura de vital importancia nacional como la Gestión Inteligente de los Recursos Hídricos a través de la instalación de Estaciones Hidrometeorológicas para el alerta temprana en la Ciudad de La Plata, así como también el cuidado de los Humedales como el caso del «Plan Productivo del Delta Entrerriano» financiado por el BID o el exitoso Estudio de Impacto Ambiental de la Extensión de vida de la Central Nuclear de Embalse que logró la Licencia Social en una Audiencia Pública. Actualmente se encuentra desarrollando un Plan de Municipio Sustentable en Carmen de Areco, el Estudio de Navegabilidad del Riachuelo que conlleva beneficios sociales y ambientales para su zona de influencia, y el convenio de colaboración conjunta respecto de las prevenciones ambientales necesarias para el proyecto de extensión de vida de la central nuclear de Atucha I en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires.
“Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho”, advierte el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si.
Sabemos que el clima de la Tierra varía de manera natural, principalmente como resultado de la interacción entre el océano y la atmósfera, cambios en la órbita de la Tierra, fluctuaciones en la energía recibida del sol y las erupciones volcánicas. Sin embargo, las evidencias científicas sugieren que el sistema climático se ha desviado muy recientemente del rango de variabilidad natural mostrada en los registros paleoclimáticos disponibles. La naturaleza de los cambios simultáneos que están ocurriendo y la magnitud de los mismos no tienen precedentes en la historia humana, y probablemente en la historia del planeta. De allí, que la deuda climática que soportan los países del llamado Sur Global es tremendamente injusta, puesto que son los que menos han contribuido a esta emergencia. Aquí tienes algunos ejemplos de injusticia climática:
En los países de renta alta solo vive una sexta parte de la población mundial. Sin embargo, el Banco Mundial calcula que emiten 44 veces más CO2 que aquellos de rentas más bajas. Un agricultor o agricultora del tercer mundo necesitaría de media 59 años para contaminar lo mismo que una persona en España, según los datos provistos por Oxfam Intermón. Los países más ricos consumen en promedio diez veces más recursos que los más pobres. Así lo pone de manifiesto el Panel Internacional de Recursos (IRP), panel científico auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
En los estudios sobre vulnerabilidad al cambio climático, como los realizados por el Tyndall Center for Climate Change Research, se ha detectado que los países más afectados por el calentamiento global y en los que sus consecuencias se dejarán notar con mayor intensidad (desertización, incendios forestales, sequías, inundaciones y otros fenómenos climatológicos extremos) serían los países en desarrollo, que disponen de peores condiciones de partida y menos recursos para la adaptación a estas nuevas situaciones.
Por otro lado, existen los efectos sociales del cambio climático, como los problemas de salud (por ejemplo enfermedades asociadas a las altas temperaturas o las dificultades respiratorias agravadas por los problemas de contaminación del aire), el incremento de cargas financieras (debido a los mayores costes de la energía), u otros cambios culturales y sociales. Estas consecuencias afectarían especialmente a determinadas comunidades humanas como las poblaciones minoritarias o indígenas o en general a las personas con menos recursos económicos. Una gran mayoría de casos recurrentes en los diferentes países resulta cuando las comunidades de bajos ingresos se concentran en centros urbanos periféricos de grandes ciudades o a lo largo de regiones costeras con elevado riesgo de sufrir inundaciones y tormentas, y con una larga historia de pobre calidad del aire, condiciones todas ellas que empeorarán con la actual crisis ambiental. De este modo, el calentamiento global se convierte también en una cuestión de derechos humanos y justicia.
La justicia climática es una de las formas de la justicia ambiental, y no busca más que el trato equitativo de todas las personas y países, así como evitar las discriminaciones que pueden conllevar determinadas decisiones y proyectos que pretenden precisamente tratar el problema del cambio climático. Es un abordaje especialmente relevante, más aún cuando aquellos más afectados por el calentamiento global antrópico son los menos responsables de las emisiones de efecto invernadero que han causado el problema y, en cambio, los niveles de vida que ha generado el cambio climático son los que menos sufrirían sus consecuencias directas, aunque sí lo harán indirectamente.
Los Estados tienen la obligación de mitigar los efectos nocivos del cambio climático tomando las medidas más ambiciosas posibles para evitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el plazo más breve posible. Aunque los Estados más ricos deben abrir camino tanto en el ámbito nacional como mediante la cooperación internacional, todos los países deben tomar todas las medidas razonables para reducir las emisiones hasta el máximo de sus capacidades.
(De Izq. a Der.) Lic. Héctor Sejenovich, Premio Nobel de la Paz por el Ambiente; Lic. Fabián Ruocco, Director Ejecutivo de CEDYAT; y el Ing. Sergio Nirich (UTN Cordoba)
Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son las acciones que todos los países que forman parte de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (CMNUCC) deben llevar a cabo para intensificar sus acciones contra el cambio climático, ya sea para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) —acciones de mitigación— o para adaptarse a los impactos producidos por ese fenómeno —acciones de adaptación—. Nuestro país ha llevado adelante un proceso de revisión de nuestras Contribuciones que ha sido coordinado interministerialmente a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), con una estrategia participativa de los distintos sectores de la comunidad en el ámbito del Gabinete ampliado, e interjurisdiccional, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) requiere mayor toma de conciencia de la sociedad.
La idea de la justicia climática, en todo caso, es promover una transición justa a un futuro sostenible y libre de combustibles fósiles que a la vez proteja a las personas y países más vulnerables de los impactos del cambio climático. Lo importante es no demorar más.
